El Juzgado abre Diligencias previas sobre una denuncia por la concesión de licencias de estaciones de servicio
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Leganés ha abierto diligencias previas ante la denuncia interpuesta por la empresa Leganés La Ballena S.L. frente a un total de 15 personas y tres empresas vinculadas a la concesión de licencias de estaciones de servicio en la localidad.
En concreto, el juzgado solicita documentación al Ayuntamiento de Leganés, al que concede un plazo de diez días para entregar “expedientes completos” de algunas licencias, “expediente completo de la retirada de la licencia de un centro de lavado”, “el acta y orden del día del Pleno municipal del 12 de julio de 2013”, el “acta de la Comisión de Trabajo de gasolineras” del Ayuntamiento, así como el método de pago “de los tres informes aprobados” también en esa sesión plenaria.
La denunciante ha incluído en la demanda al actual alcalde, Santiago Llorente, y también a los anteriores Jesús Gómez Ruiz (Partido Popular) y Rafael Gómez Montoya, además del ex concejal de urbanismo y actual portavoz del PP, Miguel Ángel Recuenco.
Técnicos municipales, otros ex concejales de ambos partidos y empresarios de la localidad vinculados a las estaciones de servicio aparecen también como denunciados, si bien el juez, en esta diligencia previa señala “delitos sin especificar”.
El conflicto sobre la concesión de licencias para estaciones de servicio comenzó en el año 2013, cuando el Pleno municipal Extraordinario del 12 de julio aprobó una enmienda al Punto 5 -acordada por todos los partidos políticos en Junta de Portavoces- que fijaba “suspender cautelarmente el procedimiento de otorgamiento de licencias tanto en trámite como futuras, a las que resulte de aplicación las ordenanzas reguladoras de las estaciones de servicios recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana y su Plan Director de Estaciones de Servicio de Leganés”.
Ya en 2015, el Pleno municipal aprobó de forma definitiva la actual nueva ordenanza que regula la instalación para el repostaje de vehículos con los votos a favor de Partido Popular y PSOE, Y en contra de ULEG e IU. Según esta nueva normativa se impediría la instalación de gasolineras a menos de 50 metros de viviendas y de un centenar en el caso de zonas verdes y equipamientos como hospitales, polideportivos o edificios municipales.
En todo este tiempo se ha librado una batalla en los tribunales que aún hoy perdura y que ha desencadenado en esta nueva petición del Juzgado Nº1 de Leganés.
En los últimos meses, el acalde de Leganés, Santiago Llorente, había señalado al respecto que “estamos ante un proceso que está judicializado; hay una ordenanza de la pasada legislatura que está recurrida por varias personas y en los juzgados, y nosotros lo que queremos es cumplir la ley a rajatabla”.
En ese sentido, el primer edil explicó en su momento que “estamos estudiando, una vez que ha habido una serie de sentencias, las solicitudes de instalación de gasolineras para proceder a autorizarlas o denegarlas según lo que dice la ley y las sentencias que van emitiendo los juzgados”.
Desde Leganemos, por su parte, solicitaron una Comisión de investigación para aclarar no sólo este asunto, sino también la situación en la que se encuentran algunas gasolineras que funcionan en la ciudad desde hace más de 30 años. Por ello sostienen que “la ciudadanía de Leganés tiene derecho a saber si el Ayuntamiento de nuestra ciudad es tan firme y riguroso con los pagos y tributos de las grandes empresas como lo es con los de la gente normal y corriente. Es necesario que nos expliquen por qué y por cuanto los diferentes gobiernos y la oposición, desde la década de 1990, han callado y han mirado para otro lado ante esta situación. Esto se debería estar aclarando en la Comisión de Investigación aprobada el pasado mes de marzo y que aún no ha sido puesta en marcha por el Gobierno local”.
En concreto, el juzgado solicita documentación al Ayuntamiento de Leganés, al que concede un plazo de diez días para entregar “expedientes completos” de algunas licencias, “expediente completo de la retirada de la licencia de un centro de lavado”, “el acta y orden del día del Pleno municipal del 12 de julio de 2013”, el “acta de la Comisión de Trabajo de gasolineras” del Ayuntamiento, así como el método de pago “de los tres informes aprobados” también en esa sesión plenaria.
La denunciante ha incluído en la demanda al actual alcalde, Santiago Llorente, y también a los anteriores Jesús Gómez Ruiz (Partido Popular) y Rafael Gómez Montoya, además del ex concejal de urbanismo y actual portavoz del PP, Miguel Ángel Recuenco.
Técnicos municipales, otros ex concejales de ambos partidos y empresarios de la localidad vinculados a las estaciones de servicio aparecen también como denunciados, si bien el juez, en esta diligencia previa señala “delitos sin especificar”.
El conflicto sobre la concesión de licencias para estaciones de servicio comenzó en el año 2013, cuando el Pleno municipal Extraordinario del 12 de julio aprobó una enmienda al Punto 5 -acordada por todos los partidos políticos en Junta de Portavoces- que fijaba “suspender cautelarmente el procedimiento de otorgamiento de licencias tanto en trámite como futuras, a las que resulte de aplicación las ordenanzas reguladoras de las estaciones de servicios recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana y su Plan Director de Estaciones de Servicio de Leganés”.
Ya en 2015, el Pleno municipal aprobó de forma definitiva la actual nueva ordenanza que regula la instalación para el repostaje de vehículos con los votos a favor de Partido Popular y PSOE, Y en contra de ULEG e IU. Según esta nueva normativa se impediría la instalación de gasolineras a menos de 50 metros de viviendas y de un centenar en el caso de zonas verdes y equipamientos como hospitales, polideportivos o edificios municipales.
En todo este tiempo se ha librado una batalla en los tribunales que aún hoy perdura y que ha desencadenado en esta nueva petición del Juzgado Nº1 de Leganés.
En los últimos meses, el acalde de Leganés, Santiago Llorente, había señalado al respecto que “estamos ante un proceso que está judicializado; hay una ordenanza de la pasada legislatura que está recurrida por varias personas y en los juzgados, y nosotros lo que queremos es cumplir la ley a rajatabla”.
En ese sentido, el primer edil explicó en su momento que “estamos estudiando, una vez que ha habido una serie de sentencias, las solicitudes de instalación de gasolineras para proceder a autorizarlas o denegarlas según lo que dice la ley y las sentencias que van emitiendo los juzgados”.
Desde Leganemos, por su parte, solicitaron una Comisión de investigación para aclarar no sólo este asunto, sino también la situación en la que se encuentran algunas gasolineras que funcionan en la ciudad desde hace más de 30 años. Por ello sostienen que “la ciudadanía de Leganés tiene derecho a saber si el Ayuntamiento de nuestra ciudad es tan firme y riguroso con los pagos y tributos de las grandes empresas como lo es con los de la gente normal y corriente. Es necesario que nos expliquen por qué y por cuanto los diferentes gobiernos y la oposición, desde la década de 1990, han callado y han mirado para otro lado ante esta situación. Esto se debería estar aclarando en la Comisión de Investigación aprobada el pasado mes de marzo y que aún no ha sido puesta en marcha por el Gobierno local”.
