Según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el exalcalde de Leganés y el resto de los procesados estaban acusados de encargar de forma directa a la empresa Cuadrifolio mobiliario para la presentación de eventos institucionales sin expediente de contratación alguno y, por lo tanto, sin ningún procedimiento de selección y adjudicación de un contrato de suministro de materiales con la administración pública.
 

El juez entiende que los hechos son “incontrovertidos” y que los acusados “los han reconocido y acreditado mediante la presentación de facturas”, con el informe de aprobación de factura, con el documento de reserva de crédito, con el certificado del acta de la sesión de la Junta de Gobierno, con el informe negativo de la interventora y con los documentos de contabilidad del presupuesto de gastos, donde se carga el gasto de la factura a Cuadrifolio.
 

“Al no estar acreditada por la acusación que es inexistente la prestación por el pago de la factura de Cuadrifolio (y en el caso de que se hubiera acreditado esta inexistencia sería un delito de malversación) no estar acreditado la persona responsable de la omisión del procedimiento de contratación, y no ser arbitrario pagar la factura por el mobililiario recibido, no cabe sino dictar una sentencia absolutoria”, argumenta el juzgado.
 

Con esta resolución, el juez ha tenido en cuenta las declaraciones como testigos los que, en 2007, ocupaban los cargos de secretario municipal, Honorato Ramos, y de Interventora, Teresa Pascual. Ante las preguntas de la acusación popular, ambos coincidieron en que el Ayuntamiento tuvo la obligación de realizar el pago de los 101.000 euros para evitar un enriquecimiento injusto" de la Administración local, una vez que se comprobó que el servicio se había prestado (material, carpas y stands para eventos). 
 

Aunque el exsecretario municipal admitió que la contratación del servicio se debió llevar a cabo por "concurso" o procedimiento "negociado" debido al montante económico, ha declarado que "esté bien o mal contratado, si se hace el servicio hay que pagarlo". “Con independencia de que se hayan omitido trámites, si el servicio se ha prestado y la factura viene conformada, hay que pagar el suministro", argumentó por su lado la exinterventora.
 

Durante el juicio quedó acreditado, además, que aunque en el momento de celebrarse la Junta (22 de mayo de 2007), la exinterventora desconocía que hubiese reserva de crédito para afrontar la factura, el asiento contable figuraba con fecha de un día antes. 
 

Mientras, el exalcalde socialista ha asegurado, tras conocer el fallo absolutorio del juzgado de lo Penal número 5 de Getafe por el caso ‘Cuadrifolio’, que se siente “muy satisfecho” con la sentencia, aunque ha lamentado que la resolución haya tardado siete años, lo que le ha dejado una “sensación alucinante”, según ha manifestado.

 

No obstante, Pérez Ráez ha considerado que este caso no se quedará aquí, ya que, según ha declarado, probablemente el PP vuelva a recurrir el fallo para “extender” el caso en el tiempo y para que el actual alcalde, el ‘popular’ Jesús Gómez, y representante de la acusación popular, “pueda tener algún titular más”.

 

Así, el exregidor ha reiterado la legalidad de pagar la factura de 101.478 euros a la empresa Cuadrifolio, tras aprobarse en la última Junta de Gobierno de la Legislatura 2003-2007.