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OPINIÓN

La Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia: mucho ruido y pocas nueces

La Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia: mucho ruido y pocas nueces
6 de marzo 2019

El jueves 21 de febrero PSOE y Unidos Podemos, junto con otros grupos parlamentarios, han aprobado la Ley de Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia – en adelante Ley de Mejora - que no significa un avance en la situación de la enseñanza pública actual. Pues, en esencia, no acaba con el grueso de los recortes en la enseñanza que venían recogidos en el Real Decreto-Ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo,

Resumamos los cuatro puntos básicos de este RD 14/2012:
1. Aumento de un 20% de los alumnos en las aulas si la tasa de reposición de las oposiciones a profesores y maestros es inferior al 50%.
2. La sustitución de los docentes ausentes se realizaría en un periodo de 10 días lectivos.
3. Se aumentó de la jornada lectiva de los profesores de secundaria hasta la 20 horas y a los maestros de infantil y primaria hasta las 25 horas.
4. La posibilidad de que un centro de enseñanza secundaria no oferte más que una modalidad de Bachillerato.

De estos cuatro aspectos básicos del Real Decreto la Ley de Mejora no ha derogado dos que son fundamentales: la posibilidad de que un centro de enseñanza secundaria no oferte más que una modalidad de Bachillerato; y la jornada lectiva de los docentes.

1.- Oferta de Modalidades de Bachillerato
Con la Ley de Mejora, el Gobierno y sus socios continúan permitiendo que los centros de enseñanza secundaria oferten solo una modalidad de Bachillerato. Tal medida del RD 14/2012 se introducía en una Disposición Derogatoria Única, que derogaba los apartado 3 y 4 del art. 13 del RD 132/ 2010, la cual obligaba a tener que ofertar dos modalidades de Bachillerato. Este recorte lo introducía el Gobierno Rajoy al final del texto, y será que la Ministra y su equipo no leen los textos hasta el final o que creen que nosotros tampoco, pero el caso es que lo han dejado intacto. Ni tan siquiera ha entrado en el debate de la nueva Ley. Esta medida sirve para cerrar institutos públicos y trasvasar alumnos de la red pública a la privada, como señalaron en su momento especialistas en educación como Miguel Recio (https://elpais.com/sociedad/2012/04/29/actualidad/1335712513_720570.html). Si a esto se le suma que CCAA como la de Madrid comienzan a concertar el Bachillerato por medio de las becas (https://www.fespugtmadrid.es/2019/02/el-gobierno-regional-disfraza-de-libertad-de-eleccion-la-privatizacion-de-la-ensenanza-madrilena-a-traves-de-las-becas-para-bachillerato/), el desastre para la educación pública está servido.

Se crean las condiciones para que se dé una de esas profecías autocumplidas que construyen los poderes públicos para que creamos que cuando toman medidas regresivas - como lo es el cierre de centros - no lo hacen voluntariamente sino forzados por las circunstancias, las cuales, sin embargo, han sido creadas por ellos mismos.

La clave de esta medida es que si un instituto no oferta dos modalidades de Bachillerato, los conocidos normalmente como de Ciencias y Letras, los padres no matriculan a sus hijos en el centro, ya que este no les garantiza la continuidad de los estudios cuando tengan que optar en el Bachillerato.

Esto se vivió, por ejemplo, en el IES Federica Montseny de Fuenlabrada, donde a finales del curso 2011-2012 al centro le fue suprimido el Bachillerato de Ciencias amparándose en el RD 14/2012, a pesar de que tenía suficiente demanda de estudiantes de Ciencias como para abrir grupos en 1º y en 2º de Bachillerato. Estos alumnos se vieron obligados a ir a los institutos de los alrededores para nutrir aulas supermasificadas. En el curso 2012-2013, uno de estos institutos tenía de media 43 alumnos por aula de Bachillerato, y había un 2º de Bachillerato (el D) que tenía 45 alumnos. Y aunque la comunidad educativa reclamó ante la DAT SUR, señalándoles el caos que estaban organizando, no se les escuchó ( https://elpais.com/ccaa/2012/07/06/madrid/1341595951_008115.html). En el año 2017, el IES Federica Montseny fue cerrado como Centro de Educación Secundaria y Bachillerato y abierto como centro de Formación Profesional. Que un Gobierno progresista mantenga tal instrumento contra la enseñanza pública es una barbaridad.

2.- Jornada Lectiva
El recorte principal del RD 14/2012 – las conocidas como 20 horas - tampoco se deroga, pues la Ley solo recomienda a las CCAA que establezcan 23 horas lectivas en infantil y primaria, y 18 en el resto de enseñanzas reguladas por la LOE.

Textualmente: la Ley de mejora recomienda “con carácter ordinario un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y un máximo de 18 horas” en Secundaria, Bachillerato y FP. El Gobierno y el Congresos hacen gollerías promulgando leyes que recomiendan y no imperan. Imagínense una legislación que recomendase no fumar en los bares y los hospitales, no saltarse los semáforos o no matar al Rey. Simplemente no serían leyes, pues no obligan.
Además, esta recomendación traiciona a la Marea Verde, que se nutrió de las decenas de huelgas y la infinitud de movilizaciones de las y los docentes madrileños y castellano-manchegos contra las 20 horas en el curso 2011-2012. A finales de ese mismo curso, de hecho, ya hubo quien se encargó de cambiar el discurso: de pelear por revertir los recortes a luchar por revertir sus consecuencias negativas, como si en realidad los recortes tuvieran alguna consecuencia positiva. En cierto modo, esa Ley de Mejora viene a ser la aplicación práctica de ese discurso.

El aumento de la jornada lectiva ha significado el despido de unos 33.000 docentes de la enseñanza estatal. Hay que recordar que el número de horas semanales de docencia en los centros educativos de nuestro país se sitúa por encima de la media de la UE22. En Primaria, el profesorado español imparte 118 horas lectiva más al año, lo que supone un 15,45% adicional. Las horas de docencia en Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial también superan a las de sus compañeros de la UE22: un 6,7% en el caso de Secundaria y un 9,73% en el de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas. Dos horas lectivas no parecen nada en las espaldas del profesorado, pero se cambia de visión si lo entendemos como nos dice la UNESCO: que 1 hora de trabajo docente equivale a 3 horas de un trabajo administrativo.

Es necesario señalar que lo profesores no solo trabajan las horas lectivas, sino que también desempeñan muchas otras labores, como las reuniones con las familias, la coordinación, la elaboración de materiales educativos, la planificación de clases, guardias de aula, la vigilancia en recreos y comedores, etc. Donde, según el último estudio de la OCDE (Talis 2013), los profesores españoles también se llevan la palma de ser de los que más tiempo dedican a estas tareas, sobrepasando en la mayoría de los casos las 37,5 horas semanales de la Función Pública (https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-02-27/horarios-profesores-espanoles-trabajan_1850734/).

Y decimos que es el núcleo del recorte del Real Decreto porque todavía no se ha inventado la máquina que enseñe al alumnado, y aunque todo el sistema educativo tenga esté puesto al servicio del aprendizaje de este, el instrumento fundamental del proceso son los y las docentes. Incluso los especialistas en sistemas educativos, entre otros Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, destaca que es mejor “gastar dinero en que los profesores tengan tiempo de hablar con los padres o atender individualmente” que en bajar ratios, señalándonos que “los profesores en España parece que trabajan en una cadena de producción” y recordándonos que en China los docentes tienen una jornada lectiva que es “la mitad que los españoles” o que en lugares como Singapur, “pueden invertir 100 horas al año en formación. En España, un profesor está solo”. (https://elpais.com/sociedad/2018/10/09/actualidad/1539106335_328097.html).

Con todo lo que más solivianta a cualquier persona progresista que defienda la pública en este país, es que el PP en el Senado haya aprobado que la reducción jornada lectiva fuera de forma general para todo el país, y PSOE, Unidos Podemos y sus socios la hayan desechado en el Congreso, dejándolo todo como una recomendación a las CCAA, abandonando a las y los profesores a la suerte de la voluntad de cada gobierno autonómico.

Lo que sí se deroga
Del RD de los recortes se derogan dos aspectos. La sustitución de los profesores en 10 días lectivos y el aumento de ratios en un 20% si la tasa de reposición de los docentes por medio de oposiciones no alcanza el 50%. Analicemos estas medidas.

1.- Sustitución de los docentes en 10 días lectivos
Posiblemente era el menos lesivo de todos los recortes, tal como se reconoce en el Preámbulo del Borrador del Anteproyecto de Ley de Mejora. El Borrador ponía en cuestión su eficacia ahorrativa: “más allá de su hipotética contribución a la eficiencia en el uso de recursos públicos y la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria”. Este documento hiló fino analizando esta medida, considerada como “rígida”, y que “tiene repercusiones negativas en la eficacia organizativa de los centros [...] en la calidad de la enseñanza y en la atención al alumnado”, aun siendo su eficiencia en el uso de recursos públicos “hipotética”, es decir, que el desorden al que llevaba a los centros en relación al dinero que se ahorra era desproporcionado, y por lo tanto, absurdo. Por ello, derogar esta medida no significa un gran esfuerzo presupuestario, ni ningún valor encomiable del Gobierno, porque el dinero que se ahorraba la Administración era el chocolate del loro. Además, está medida había sido ya atenuada parcialmente en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, en los cuatros casos más severos. Y como el Gobierno nos señaló en el borrador que erradicar esta medida era poca cosa, la Ley aprobada definitivamente en el Congreso eliminó la frase “más allá de su hipotética...”, pues impedía publicitarla bien.

2.- Derogación del aumento de de ratios
Parece la medida más solvente de la nueva Ley, pero no va a significar ninguna mejora para el próximo curso, pues hace tres que no se aplica. ¿Y por qué? El motivo principal es el Acuerdo para la mejora del empleo público de 29 de marzo de 2017, entre el Gobierno y los sindicatos más representativos de la Función Pública. Este Acuerdo deriva de las sentencias emanadas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en aplicación de la Directiva 1999/70/CE, sobre el trabajo de duración determinada y el Acuerdo marco que figura como anexo a la misma. (https://www.eldiario.es/economia/Tribunal-Justicia-UE-interinidad-administaciones_0_559244584.html) Diferentes tribunales españoles, siguiendo los dictados del TJUE, sentenciaron que los sistemas de contratación podrían dar pie a plantear fraude de ley en las contrataciones de personal interino realizadas por la Administración. Además, España tenía la obligación de transponer la Directiva en el 2001, y como 16 años después no lo había hecho, estaba amenaza de ser multada por la UE. El Acuerdo para la mejora del empleo público establece que la interinidad de los diversos sectores de la Administración no puede ser superior al 8%, por lo que obliga a sacar oposiciones en los sectores prioritarios con el 100% de la tasa de reposición. Hemos de señalar que en la educación pública madrileña la tasa de interinidad estaba en un 30%. Así, como el aumento de ratios estaba vinculado a la tasa de reposición, el recorte no se pudo aplicar en las clases en los últimos años.

Conclusiones: mucho ruido y pocas nueces que abren el camino a la derecha

En resumen, de los cuatro recortes fundamentales, tenemos uno que no se deroga, otro que se deja para que la “deroguen” los demás si lo tienen a bien, otro que se elimina porque presupuestariamente resulta poco significativa y, por último, se deroga uno que, en realidad, hacía años que no se aplicaba. Triste balance. Es fácil deducir que esta nueva Ley del Gobierno no mejorará esencialmente la función docente, y por lo tanto la enseñanza pública española se seguirá apoyando en el sobreesfuerzo de las y los docentes.

La idea de que no es posible ir más allá en la reversión de los recortes y que se ha hecho todo lo posible es una excusa que a nadie convence a estas alturas. Sí que se puede; empezando por los decretos y acabando, en educación, por la LOMCE, corolario de todas las políticas regresivas. Es lo que la comunidad educativa viene reclamando desde el curso 2008 / 2009 en miles de movilizaciones en todo el Estado; y lo que exige que lleven a cabo las fuerzas a favor de lo público y que han sumado estos ocho meses de legislatura una mayoría que fue capaz de expulsar a la derecha en una moción de censura. Igual que lo ha exigido con la reforma laboral, la del sistema pensiones o la del Código Penal.

Todo lo que no sea satisfacer esas reivindicaciones básicas es abrir camino a la derecha en las próximas citas electorales, que cabalga a lomos de la desafección y la desconfianza de la clase trabajadora respecto de las organizaciones que la representan. No se trata de utilizar los últimos días para aprobar decretos de menor calado porque eso, además de parecerse mucho a una cortina de humo, en realidad resulta estéril, como hemos argumentado en este artículo. La única manera de cerrarle el camino a quien quiere destruir la escuela pública es que esas mismas organizaciones asuman en sus manos y en unidad la reversión de todos los recortes. Por completo. En eso contará con la inmensa mayoría, que se lo lleva exigiendo durante años.

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